El derecho a bloquear y sus límites
Es indispensable reflexionar con serenidad sobre el equilibrio entre el derecho democrático a la protesta y los derechos de los demás. En las democracias avanzadas, el bloqueo de caminos, como forma de protesta, es un recurso legítimo cuando se ejerce de manera proporcional: es decir, su ejercicio no es absoluto y encuentra restricciones cuando su impacto no se limita a visibilizar una demanda colectiva, sino que vulnera simultáneamente, y de manera grave, los derechos fundamentales de terceros, en particular a la libertad de circulación y al acceso a servicios esenciales y cotidianos de quienes no tienen relación con el conflicto. Si bien esta línea entre lo proporcional y desproporcional no es incuestionable, suele trazarse cuando la protesta impide el ejercicio de derechos fundamentales para una vida digna, como el derecho al acceso a la salud, a la educación, al trabajo o a la alimentación.
La regulación adecuada debe buscar un equilibrio: proteger el derecho a la protesta incluso a través de medios bastante incómodos para el poder estatal —lo que es esencial en cualquier democracia—, al tiempo de garantizar que otros derechos fundamentales no queden subordinados coercitivamente a las demandas de un grupo social. De lo contrario, el bloqueo deja de ser un instrumento de expresión democrática para convertirse en una restricción sectaria e injustificada de libertades ajenas. La experiencia comparada muestra que es posible regular este tipo de protestas de manera razonable. Ejemplos de una regulación equilibrada incluyen la obligación de notificar las protestas con anticipación, la delimitación de formas, horarios y espacios para minimizar el impacto en las libertades de terceros, además de garantías para la permanencia de vías de circulación alternativas y, especialmente, de acceso a servicios de emergencia. Este tipo de regulación no tiene como objetivo silenciar la protesta, sino hacerla compatible con la convivencia democrática y el respeto recíproco entre derechos.
«La clave está en una normativa que regule, no que anule, y que lo haga con criterios objetivos, transparentes y basados en el principio más fundamental de nuestro ordenamiento jurídico: la igualdad ante la ley».
En un Estado democrático de derecho, es fundamental que cualquier limitación al derecho a la protesta se aplique de manera general y uniforme, sin distinciones según el sector que protesta, para evitar que la ley se utilice como herramienta de persecución selectiva. Las restricciones pierden legitimidad cuando se invocan frente a protestas incómodas para ciertos actores y se toleran en otros casos. Éste es un problema que suele no sólo afectar a gobernantes, sino también, con particular prominencia, a las sociedades cada vez más polarizadas del siglo XXI (la boliviana no es una excepción). Cabe a nosotros, como ciudadanos, reflexionar sobre los límites de nuestras expresiones de descontento cuando una política pública afecta nuestros intereses, y sobre todo si —como argumentaría Kant— estaríamos dispuestos a hacer de nuestras acciones una regla general. Pues, al final, un desafío tanto individual como colectivo es superar ese nocivo excepcionalismo: esa miopía intelectual que nos lleva a considerar, sin justificación basada en la razón y apenas por ser nosotros mismos, que nuestras demandas son siempre más legítimas que las ajenas.
El actual proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que busca prohibir los bloqueos, plantea un debate urgente, aunque también un riesgo: que la prohibición absoluta termine por ahogar la protesta legítima. La clave está en una normativa que regule, no que anule, y que lo haga con criterios objetivos, transparentes y basados en el principio más fundamental de nuestro ordenamiento jurídico: la igualdad ante la ley. Sólo así se puede evitar que la protesta se convierta en privilegio de unos pocos capaces de coaccionar al resto. Porque la democracia se fortalece tanto cuando los derechos políticos se protegen, como cuando se establecen límites claros, generales y justos para que otras libertades, y por ende la convivencia pacífica, sean posibles.
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