La guerra en el Medio Oriente alcanza la economía boliviana

El gobierno puede hacer poco para abordar la coyuntura, lo que hace las reformas estructurales aun más urgentes

Fuente: Google Maps.

Primero llegó la factura de los aranceles; ahora, la de la guerra. Aunque Donald Trump haya afirmado que su campaña contra Irán acabaría pronto, sus colaboradores mantienen el tono beligerante. Estas señales confusas, que han volatilizado los mercados energéticos, ocultan un hecho inquietante: el presidente estadounidense carece de buenas opciones para restaurar la seguridad energética global. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 15 por ciento del comercio mundial de petróleo, ha demostrado que la geopolítica puede alterar los precios más rápido de lo que cualquier gobierno puede corregirlos. Bolivia podría sufrir las consecuencias.

Si bien el mundo depende menos del petróleo que en las crisis de los años setenta, hoy la demanda es mucho más rígida; y la interrupción, mayor. El transporte, la logística y la petroquímica siguen sin sustitutos. Según estimaciones, ante un cierre indefinido del estrecho de Ormuz, el precio del petróleo necesario para equilibrar la oferta y la demanda podría superar los 150 dólares estadounidenses por barril. Aunque las reservas estratégicas de los países industrializados ayudan a amortiguar el golpe, no eliminan los cuellos de botella físicos ni los riesgos que encarecen el transporte, los seguros y la refinación.

La conmoción también alcanza al gas. La principal planta de exportación de gas natural licuado (GNL) de Catar suspendió sus actividades, sacando del mercado casi 20 por ciento del suministro global. Este hecho ha embravecido la competencia por el abastecimiento en Asia. En Europa, los precios se han disparado más de un 50 por ciento. Pese a que Estados Unidos podría exportar más GNL, la creciente demanda interna, debido al auge de los centros de datos para la inteligencia artificial, pondría límites económicos; el potencial proteccionismo de su gobierno, límites políticos.

Los ataques de drones iraníes contra barcos e infraestructuras energéticas son baratos y efectivos. Los asaltos en el Mar Rojo por rebeldes hutíes incrementan la presión sobre el tráfico marítimo. En ese contexto, Estados Unidos está tratando de persuadir a sus aliados en el Golfo Pérsico a coadyuvar en sus ofensivas militares, mientras sus aliados europeos de la OTAN se muestran escépticos sobre su objetivo y base legal, y podrían presionar por un alto al fuego. Por su parte, Irán podría alargar la guerra, especialmente ahora que ha probado su poder sobre el mercado energético. Por el contrario, las monarquías del Golfo Pérsico temen que un cese de hostilidades apresurado deje a un régimen iraní fortalecido y capaz de desestabilizar la región en el futuro.

En política interna, una invasión terrestre para detener los lanzamientos de drones implicaría un suicidio para Trump, quien enfrenta elecciones de medio término con mal pronóstico para los Republicanos. Parte de ello tiene que ver con los efectos inflacionarios de sus políticas. Haber iniciado una guerra —rechazada mayoritariamente por los estadounidenses— parece estar restándole aprobación personal. Para rematar, un posible juicio político ha vuelto a ser tema de debate en la opinión pública.

«Comunicar transparentemente los reveses externos —y la lógica detrás de cada acción gubernamental— es esencial para mantener la estabilidad interna».

En un contexto de tensiones geopolíticas perennes, las perturbaciones en los mercados energéticos no desaparecerán; menos si el régimen iraní concluye que un arma nuclear es la forma de sobrevivir. Esa es la nueva realidad en que deben actuar las empresas y los gobiernos. El peligro latente de un conflicto obliga a reexaminar minuciosamente los riesgos en las cadenas de suministro energéticas. Incluso si esta guerra se enfría, la lección ya quedó instalada. Probablemente surja una nueva prima de riesgo permanente, añadiendo presión inflacionaria cuando muchas economías lidian con crisis internas, como Bolivia.

Este escenario es menos lejano de lo que aparenta. Bolivia importa la mayor parte del combustible que consume. Aunque exporta gas natural, sus reservas están en declive. Nuevas exploraciones demorarán varios años, por más correctos los incentivos que establezca la anunciada nueva ley de hidrocarburos. Cuando los precios internacionales de los combustibles suben, el impacto sobre las reservas internacionales del Estado es inmediato. Si el aumento se traslada a los precios internos, el costo de vida sube. Habiendo levantado un subsidio que desangraba la economía y con la herencia de una alta inflación subyacente, el presidente Rodrigo Paz tiene poco margen de maniobra coyuntural.

Pero hay alternativas estructurales. Paralelamente a la nueva ley de hidrocarburos, que además establezca reservas de emergencia, Bolivia necesita normas que incentiven el cambio a una matriz energética más limpia, soberana y diversificada. Simultáneamente, es imperativo acelerar las exportaciones en cuanto rubro se pueda, pues es lo único que puede disminuir el costo relativo del combustible sobre el total de las reservas internacionales. En lo político, comunicar transparentemente los reveses externos —y la lógica detrás de cada acción gubernamental— es esencial para mantener la estabilidad interna.

La energía se ha convertido nuevamente en un factor geopolítico central. Si la Reserva Federal sube las tasas de interés para hacer frente a una ola inflacionaria, los países en desarrollo sufrirán de manera doble: porque el dólar se encarecerá, y porque cada dólar adicional gastado en energía competirá con otras prioridades. Aunque se apliquen políticas coyunturales adecuadas, esta guerra del Golfo tendrá consecuencias sobre las economías del mundo y de Bolivia. Más vale agilizar las reformas estructurales.