MI CONSEJO AL GOBIERNO

El nivel actual del precio del petróleo hace que la reducción de la subvención a los combustibles resulte insuficiente para garantizar la sostenibilidad operativa de YPFB. La cuestión central no es técnica; siempre ha sido política. Por tanto, se debe construir el capital político necesario para encarar un ajuste integral que combine sinceramiento de precios, disciplina fiscal y protección efectiva a los sectores vulnerables. Eso requiere una reforma tributaria. Y ello, a su vez, un gran acuerdo político.

La evidencia apunta a que el esquema vigente es insostenible. La subvención, combinada con el descalce cambiario, erosiona los ingresos de YPFB, incentiva el contrabando y profundiza la escasez de divisas. Esto explica, en parte, el mal servicio. A lo que se suma una paradoja fiscal: el Estado no solo subsidia el consumo mediante YPFB, sino que también destina recursos crecientes a contener sus efectos negativos, como el control de una calidad fuera de su alcance y la persecución del contrabando. Estos hechos multiplican los costes para el Estado y la sociedad, pero no resuelven la causa de fondo: la distorsión.

La salida pasa por un enfoque integral:

1. Sinceramiento de precios para eliminar distorsiones e incentivos al contrabando, en línea con el precio internacional del petróleo.
2. Reforma tributaria que amplíe la base y distribuya el costo del ajuste con mayor justicia, incorporando sectores hoy subtributados, pero que generan enormes ingresos. En esta situación fiscal, Bolivia ya no puede permitirse ciudadanos de primera y de segunda cuando se trata de financiar lo público.
3. Ajuste importante del gasto público, especialmente en el aparato burocrático y en el drenador Estado-empresario, para reforzar la legitimidad del esfuerzo. La aceptación social nace del ejemplo.
4. Política social inteligente, que proteja de manera efectiva y progresiva a los hogares, especialmente a los más vulnerables.

En paralelo, es clave redefinir el rol de YPFB. El debate no es entre mantener el statu quo o privatizar apresuradamente, sino cómo evitar el drenaje de divisas y recuperar capacidad de generación de renta; una renta que el Estado necesita, urgentemente, al menos hasta que se asiente cualquier reforma tributaria. Todo esto ocurre en un contexto donde la subvención, el descalce cambiario, la escasez de divisas y las obligaciones externas están estrechamente interrelacionados. Sin una fuente sólida de generación de renta y divisas a corto plazo, la sostenibilidad macroeconómica se vuelve considerablemente más difícil. No hay margen para la irresponsabilidad financiera.

La opción más sólida es reconstruir YPFB bajo estándares estrictos de gobernanza corporativa profesional y auditoría externa, separando explícitamente la política de subsidios de su balance operativo. En este marco, la participación privada en la importación y comercialización de combustibles puede introducir eficiencia y aliviar presiones fiscales, mientras YPFB se concentra en actividades estratégicas como la exploración. Esta transición debe ser gradual y cuidadosamente diseñada para evitar disrupciones en el abastecimiento de combustible a lo largo y ancho del país.

Finalmente, el ajuste económico —y todas las reformas estructurales que deben acompañarlo, pero particularmente las de corto plazo que he mencionado— deben entenderse como parte de un contrato político, lo que es todo gobierno democráticamente elegido. Y el gobierno de Rodrigo Paz fue elegido con un mandato claro: ordenar el Estado, la economía y la provisión de combustible.

Un gobierno electo para resolver un problema estructural no puede postergar indefinidamente las decisiones difíciles, porque la postergación incrementa el costo social, económico y político, además del riesgo institucional. Sí, podrá sonar alarmista, pero si este gobierno falla, la democracia podría estar en juego. Un reordenamiento bien diseñado, oportuno y equitativo será políticamente viable, y hará que la oposición al gobierno tienda a canalizarse dentro de cauces normales. Uno tardío o errático amplificará la oposición, será caldo de cultivo para los populistas autocráticos al acecho y erosionará la legitimidad del gobierno y la democracia.

La Asamblea Legislativa tiene aquí una responsabilidad central: revisar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado, reduciendo más el déficit fiscal y preservando la inversión pública y social que asegura crecimiento de corto y largo plazo, al tiempo de avanzar en las reformas estructurales del Estado. Por ello, esta síntesis: sin corrección de precios, reforma tributaria y reordenamiento del Estado, no hay estabilización posible. Pero sin equidad en la distribución de los costos, tampoco hay viabilidad política para lograrlo. ¡Bolivia necesita un acuerdo político ahora!