Realismo de principios: negociar o colapsar

Sin orden proporcional y diálogo incansable simultáneos, no habrá salida pacífica sostenible

Fuente: El Diario.

No quieren dialogar. Los movilizados contra el gobierno de Rodrigo Paz rechazan el método más racional —y también el más ético— para resolver conflictos. Tampoco es que dialogar sea ceder sin más, como asumen quienes exigen mano dura, aunque, ejerciendo empatía, principalmente hacia los paceños, es comprensible la desesperación de donde viene. Dialogar implica esforzarse por reconocer al otro como interlocutor válido, examinar argumentos y acercarse a la verdad de buena fe; supone reciprocidad, precisamente lo que hoy escasea.

Algunos dirán que es cultural; otros, que es individual. Ese debate vendrá luego; para resolver este conflicto es secundario. Lo evidente es que la negación del diálogo no es solo profundamente retrógrada, sino irracional. Alguien se preguntará: ¿Por qué sería irracional la violencia, si quienes la ejercen no parecen estar perdiendo? Porque hay dos maneras de entender la razón. Una, instrumental, centrada en intereses particularistas, donde la violencia —o su amenaza— sustituyen al argumento y se ejercen como una plausible forma de imponerse. Otra, en sentido kantiano, que entiende la razón como la capacidad de actuar según principios universalizables. Son antípodas. La primera puede ser eficaz a corto plazo; la segunda hace posible una convivencia sostenible.

Las consecuencias del conflicto no son abstractas. Según expertos, tras un mes de bloqueos, se acumulan más de 1.000 millones de dólares en pérdidas, una contracción cercana al 4 por ciento y una inflación que podría rozar el 30 por ciento: ese es su costo real. Detrás de consignas grandilocuentes —a menudo desconectadas de sus causas y efectos—, el resultado concreto es más desempleo, más pobreza y más precariedad. La épica del conflicto suele ignorar su contabilidad. Uno de sus defensores dijo que «no tienen qué perder». Probablemente no entienda la catástrofe social que implica, en un país pobre, perder casi un tercio de capacidad adquisitiva.

Este contexto requiere pragmatismo, pero no cualquiera, sino uno alineado con la evidencia estudiada por la ciencia política comparativa. Las «caídas presidenciales», frecuentes en América Latina, no son golpes de Estado. Cuando no ocurren por juicio político, derivan de presiones civiles que buscan forzar la salida anticipada de un presidente bajo apariencia de legalidad. Pues, al final, no es ilegal protestar pidiendo la renuncia de un presidente, aunque debatibles pueden ser los métodos de presión que lleven a una renuncia. El golpe, en cambio, es abiertamente ilegal, y sus perpetradores provienen del interior del Estado. Que un militar de alto rango asalte el palacio de gobierno no es solo ilegal «metodológicamente», sino una violación inobjetable del orden constitucional.

«Pretender resolver conflictos distributivos negando la realidad —que el MAS nos dejó un país en ruinas en términos económicos y de cohesión social—, esperando que no todos perdamos en su reconstrucción, sería bloquear, más que la calle ya bloqueada, una salida más o menos civilizada».

El riesgo de una caída presidencial suele emerger cuando confluyen ciertos factores. En Boliva, hoy, al menos tres están presentes: inflación elevada, reformas de liberalización económica dolorosas y un gobierno en minoría legislativa. La intensidad de la protesta callejera es típicamente el factor determinante de una caída, especialmente si las fuerzas de seguridad son rebasadas o se rehúsan a reprimir. ¿Cómo se salva un presidente en ese escenario, según la evidencia comparada? Ni con maximalismos represivos, ni con ingenuidad autohumillante. En conflictos de estas características, los presidentes suelen salvar sus cargos y pacificar sus países construyendo gobernabilidad: formando coaliciones legislativas estables, abriendo espacios de poder, sosteniendo el diálogo con la sociedad civil y haciendo concesiones legislativas.

Revisada la ciencia, y pese al infructífero diálogo hasta aquí, queda claro que una solución democrática requiere un acuerdo político transigiendo concesiones duras para todos: gobierno, movilizados y ciudadanía. Rechazar concesiones ciegamente, aun pudiendo parecer una postura de principios y firmeza, suele trasladar, en la práctica, los costos de largo plazo al conjunto de la sociedad. Pretender resolver conflictos distributivos negando la realidad —que el MAS nos dejó un país en ruinas en términos económicos y de cohesión social—, esperando que no todos perdamos en su reconstrucción, sería bloquear, más que la calle ya bloqueada, una salida más o menos civilizada. En conflictos prolongados, los costos crecen con el tiempo: cada día que pasa sin paz erosiona la economía, debilita la institucionalidad y fractura la convivencia.

Por tanto, negociar con los movilizados —y que se hagan concesiones dolorosas en ambas direcciones— es evitar que toda Bolivia pierda más. La evidencia muestra que las salidas sostenibles implican acuerdos imperfectos. Eso no quiere decir normalizar abusos, sino que apunta a evitar escaladas que terminen perjudicando todavía más. Ignorar los costos de no negociar es desconocer cómo funcionan las resoluciones de crisis en el mundo real. Seguir «el manual» —negociar, ceder, hacerse valer y procesar institucionalmente el conflicto mientras se construyen mayorías— no es debilidad, sino racionalidad política basada en evidencia. La negociación puede no repartir pérdidas de forma simétrica, mas las contiene y fija un punto en que los actores aceptan concesiones limitadas hoy a modo de evitar daños mayores mañana.

Aunque la contraparte se niegue a dialogar, el gobierno no puede rendirse. Debe hacer cumplir la ley y prevenir abusos a derechos fundamentales. Una estrategia que combine ambos frentes —orden proporcional y negociación incansable— es la que ofrece mayores probabilidades de éxito. Al contrario, precipitarse por algún maximalismo, eleva la factura que el país pagará durante décadas. A esta tesis, empleando un lenguaje internacionalista aplicado a la política interna, podría llamársele «realismo de principios».